Lo peor de todo: el FMI cogobernará la economía y el país.
SERGIO ORTIZ
31 de enero de 2022
El 28 de enero el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Martín Guzmán informaron de un acuerdo con el FMI por la deuda de 44.500 millones de dólares contraída en 2018 por Mauricio Macri.
El Fondo emitió un comunicado, desde Washington, confirmando en general lo que llamó más modestamente “entendimientos sobre políticas claves”.
OTRO RETROCESO DEL GOBIERNO Y VAN…
Como ocurrió con la intervención y estatización de la delincuencial Vicentín y la promesa de que las jubilaciones aumentarían en lugar de pagar las Leliq a los bancos, etc, – todas vulneradas -, en la deuda con el FMI se repite esta historia de claudicaciones gubernamentales.
El 1 de marzo de 2021 el presidente Fernández en la apertura de sesiones del Congreso expresó: “sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”. Por eso instruyó a la Oficina Anticorrupción a denunciar al ex presidente y otros ex funcionarios, que Félix Crous concretó el 12 de marzo de ese año ante el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.
Pero el anuncio del 28 de enero borra esa denuncia pues convalida ante el FMI el préstamo que antes se objetaba, que se viene pagando puntualmente desde el inicio del gobierno del Frente de Todos. El viernes 28 la dupla Fernández-Guzmán pagó 731 millones de dólares y el 1 de febrero harán otro tanto con 365 millones de intereses.
La administración peronista, como la macrista, venía abonando los vencimientos con el Fondo. Lo nuevo es que el “stand by” antes cuestionado política y judicialmente será validado a través de un “Acuerdo de Facilidades Extendidas”, con el objetivo de pagar aquella deuda irregular, ilegal, ilegítima y fraudulenta.
¿Había alguna opción diferente? Sí. Como plantearon la Autoconvocatoria por la suspensión de pagos de la deuda externa, Soberanxs, Madres, Unidad Popular, PL y otras organizaciones, había que auditar la deuda, suspender los pagos y denunciar el fraude ante la justicia del país y la Corte Internacional de Justicia. No sólo a una de las partes (Macri) sino también a la otra (FMI). No lo hicieron. Otra vez recularon en chancletas, pero esto es muchísimo más grave que lo de Vicentín.
DURO AJUSTE
Con un nivel de pobreza cercano al 50 por ciento, con el 40 por ciento de los trabajadores en la informalidad, con 6 millones de jubilados ganando 29.061 pesos, con el salario muy mínimo, poco vital y poco móvil de 32.367 pesos y un millón de personas pobres (deberían cobrarlo otros 10 millones) percibiendo un Potenciar Trabajo de 16.000 pesos, etc, el Estado debería aplicar políticas económicas y sociales que reviertan esa situación tan lamentable.
A la misma se llegó en gran medida por los desastres de la administración macrista, pero también por los ajustes del gobierno actual. Hasta la vicepresidenta CFK reconoció que en 2021 el gobierno destinó más recursos a pagar la deuda con el FMI contraída por Cambiemos que a paliar la pandemia.
Ese duro ajuste continuará en 2022, agudizado tras el acuerdo con la entidad regenteada por Kristalina Georgieva, con EEUU como el socio decisivo.
Una demostración concreta de ese ajuste es que habrá aumentos de tarifas, pese a que Guzmán se remitió a la suba ya sabida del 20 por ciento. Si la inflación de 2022 es igual o superior a la de 2021 (cuando llegó al 50,9), no es una locura pensar que las tarifas de gas y luz serán superiores a ese rango. Esos tarifazos, además de cumplir con los monopolios del sector (Pampa Energía, Edenor, Edesur, Central Puerto, etc) vendrán por la exigencia fondomonetarista de que se bajen los subsidios a la energía para aplanar el déficit fiscal.
También habrá ajuste en salarios y jubilaciones, con el mismo argumento de bajar el gasto público y llegar al déficit cero en 2025, dos años antes de lo planteado originalmente por el FDT.
Esa tragedia ya se vivió en 2021: las partidas del Estado para salarios y jubilaciones aumentaron el 32,6 por ciento, mientras la inflación fue del 50,9, o sea que se destinaron a tales fines 18,4 puntos porcentuales menos.
EL FMI EN EL CENTRAL Y ECONOMÍA
El anuncio del “entendimiento básico” cortará drásticamente la disponibilidad de fondos del Estado, que fomenta todos los negocios que reporten dólares, al solo efecto de reunir divisas y pagar la deuda externa.
El Estado estará atado de pies y manos para atender el gasto social, inversiones, obras públicas, etc. La mayor demostración es que aceptó bajar la emisión monetaria del Banco Central, del 3,7 por ciento del PBI en 2021 al 1 por ciento en 2022. Es una concesión inadmisible. Baste recordar que la emisión del Central fue un recurso esencial para combatir la crisis sanitaria en 2020, pagar 3 cuotas del IFE, el Repro a 35.000 empresas, etc. La emisión permitió sobrevivir a los 10 millones de compatriotas que cobraron el IFE. Ahora esa posibilidad no existe más: FMI sólo admite la emisión de 1 punto.
Habrá una pérdida de recursos monetarios y soberanía nacional en las políticas del Banco Central (que en los hechos no será más de la República Argentina sino de la oficina del FMI que se instaló en el tercer piso del BCRA en noviembre de 2018, con su representante Trevor Alleyne).
Y será así porque el acuerdo obliga a bajar el déficit fiscal al 2,5 por ciento del PBI en 2022 y así hasta llegar a cero en 2025. Ese déficit fiscal primario (antes del pago de deuda financiera) había sido estimado por Guzmán en el presupuesto 2022 en el 3,2 por ciento y ahora lo bajó al 2,5, o sea 0,7 puntos menos.
Sumando ambas pérdidas de recursos del Estado (menos emisión monetaria y menos déficit fiscal primario), el economista Horacio Rovelli (El Cohete a la Luna, 30/1), estimó que la administración Fernández-Fernández tendrá este año 14.100 millones de dólares menos (en su equivalente a pesos).
Eso se llama ajuste, en español, inglés o el idioma que sea. Dos más dos igual a cuatro; en este caso al revés, cuatro menos dos, son dos.
El entendimiento con Washington supone una grave pérdida de soberanía. Las revisiones trimestrales avaladas por Guzmán durante dos años y medio, diez inspecciones en total, suponen que el Fondo estará a la par del titular del Banco Central y será también copiloto en Economía. Una entidad representativa del imperialismo yanqui cogobernando la Argentina. Si supiera esto el general San Martín manotearía su sable, además de reclamar que lo saquen de una buena vez de la Catedral de Buenos Aires y lo dejen descansar en algún lugar patrio y no religioso.
MENOS PESOS PARA GASTAR Y MÁS DÓLARES PARA PAGAR
Para el común de los argentinos se secará la plaza porque el convenio elevará las tasas de interés a “positivas”, o sea por sobre la inflación. Así habrá más depósitos bancarios y especulación financiera, y menos reactivación económica. Esta película ya la vimos y termina en recesión productiva, con el inconveniente de que suele convivir con alta inflación.
La justificación de las dos partes acuerdistas es que así el inversor irá menos al dólar, como si las sucesivas devaluaciones hubieran tenido ese origen. El dólar subió no por las compras minoristas sino por la escasez tras la fuga de 86.200 millones de dólares durante el macrismo, con 100 grandes empresas fugando 24.769 millones, según el informe del Banco Central de mayo de 2020.
Entre los anuncios no figuró una nueva devaluación, pero la mayoría de los economistas y analistas cree que eso irá ocurriendo, no de una sola vez y no en subas tan menores como tuvo el dólar oficial hasta ahora. El dólar oficial se acercará al blue y no el blue al oficial. Y eso supone devaluaciones, con el impacto inflacionario de siempre cada vez que aumenta la cotización del billete verde. La inflación del 50.9 por ciento en 2021 castigó muy duro a amplios sectores populares, que tienen ingresos fijos en pesos.
Con este acuerdo la inflación seguirá alta. Y acá hay responsabilidades compartidas de la entidad foránea y del ministerio dizque argentino. Guzmán presentó como logro que ambas partes admitieran que la inflación es “multicausal”. Sólo enunció dos elementos: la escasez de dólares para pagar importaciones (a lo que debe agregarse, para ¡pagar deuda externa!) y la emisión monetaria. Y en cambio omitió la causa fundamental de la inflación: el manejo de los monopolios, en especial los 200 formadores de precios en alimentos, siderurgia, energía, laboratorios, transporte, supermercados, exportadores, etc. Devolviendo gentilezas, Daniel Funes de Rioja, de la UIA y Copal, más sus pares monopolistas de la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara de Comercio y las dos Asociaciones de Bancos (Adeba, nacionales, y ABA extranjeros), apoyaron el acuerdo.
Los banqueros estarán de parabienes con las tasas de interés positivas, que puede reportarles más ganancias fáciles con sus clientes y depósitos. Y sobre todo con el Estado, que les paga miles de millones de pesos al año por las Leliq (ya tenían 3 billones de pesos en esas letras y ahora 1.3 billón más).
ES LA POLÍTICA, ESTÚPIDO
Restan los números finos del Acuerdo de Facilidades Extendidas, aunque están las metas fondomonetaristas para los primeros dos años y medio con revisiones trimestrales. Este acuerdo absorbe el crédito “stand by” firmado por Macri y se propone pagarlo en hasta diez años.
Eso demuestra dos cosas. Que se legaliza y paga la estafa macrista-fondomonetarista. Y que habrá más pagos y nuevos endeudamientos, porque la refinanciación y mayores plazos, con cuatro años de gracia, generan más intereses que deberán afrontarse. Exactamente el monto de esa factura, no se sabe; sí que se admiten 44.500 millones de dólares de 2018, más los sobrecargos en que ya se incurrió y los nuevos intereses que se vayan sumando.
Es llamativa una diferencia con la firma del pacto con BlackRock y demás bonistas privados en agosto de 2020, cuando el gobierno se jactó de haber reducido la deuda en 38.000 millones de dólares. Era pura espuma, para justificar los pagos que en 2024 serán de 5.000 millones de dólares a esos fondos, muchos “buitres”.
Fernández y Guzmán no pueden hacer esa propaganda mentirosa como en 2020. No lograron disminuir ninguna deuda en lo formal; al contrario legalizaron y están pagando la deuda fraudulenta de Macri-Lagarde. Y agudizarán las penurias de nuestra gente y nuestra Nación, en beneficio del capital financiero internacional y los grupos monopólicos locales y trasnacionales, que por eso dieron luz verde al acuerdo.
Si alguien tenía alguna duda al respecto, la habrá podido disipar leyendo los comunicados de esas cúpulas responsables y beneficiarias de todas las crisis. También sirve para aclarar cualquier confusión, la declaración de los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, Macri incluido, apoyando el anuncio con el Fondo, al que votarían en el Congreso.
Ha llegado la hora de salir a protestar en las calles, los barrios, fábricas y escuelas. Y que los sectores políticos antiimperialistas de diverso origen y trayectoria confluyan en un Frente, unidos en una consigna central: “No al acuerdo con el FMI, la única deuda es con el pueblo, Patria o FMI”.
Comments