En crisis como ésta, enfrascarse en fechas de las PASO o disputas judiciales sobre las clases es algo más que una soberana estupidez. Es criminal. Las cuestiones primordiales son Salud, Trabajo y Soberanía.
La derecha macrista con Horacio Rodríguez Larreta como mascarón de proa y Mauricio Macri operando en la bodega, se tiró a la pileta contra las medidas de restricción que venía anunciando, con más pompa que efectividad, Alberto Fernández.
El punto clave de esa campaña sin principios fue la escolaridad, escudada en el derecho de niños y adolescentes, sobre todo de colegios privados de la CABA. Es parte de su campaña electoral 2021 y 2023 el aparecer como abanderados de la Educación, algo que nunca tuvieron en su agenda.
El PRO-Juntos por el Cambio movió su tenaza. Por un lado los medios adictos encabezados por Clarinete, inundando pantallas con declaraciones sobre el derecho a la presencialidad en las escuelas, negando el aumento de contagios que genera el movimiento demandado por esas clases, sobre todo en el AMBA. La otra pinza, como de costumbre, fueron sus operadores judiciales. Jueces, camaristas y el Procurador General interino-eterno, Eduardo Casal, impugnaron el decreto presidencial de medidas restrictivas. Si fuera necesario, la Corte Suprema de Injusticia dirá su palabra.
Ese conglomerado político conservador no fue acompañado por la realidad, pues el agravamiento de los contagios y muertes dio jaque mate a Rodríguez Larreta. La estadística de los muertos diarios no bajaron de 500 y los contagios de 25.000, dejando chicos los números de la primera ola de COVID-19.
En medio de esa curva pum para arriba, la restricción y cuidado tuvieron más sentido que nunca. Incluso para muchos especialistas lo anunciado por el presidente AF se quedó corto pues la gravedad de la crisis ameritaba un corte total de actividades por tres semanas.
Claro que eso hubiera demandado una ayuda estatal mucho más allá de los 300.000 millones de pesos para todo el año que el mandatario informó en su mensaje al país. Ese conjunto de medidas paliativas quedan lejos de los más de 500.000 millones que el Estado aportó a tales fines el año pasado, sobre todo en IFE y ATP.
Mirando con benignidad, hay que saludar ese anuncio limitado de Fernández, teniendo en cuenta que en el Presupuesto 2021 no contemplaba gastos por la pandemia. Así de erróneas eran las valoraciones gubernamentales.
Estos políticos que tanto valoran al imperial Joe Biden deberían imitarlo en un aspecto, que no es su política antichina ni la continuidad del bloqueo a Cuba, sino en los paquetes estatales por pandemia. Al programa inicial por 1.9 billón de dólares le sumó otros por un total de 6 billones. Sin embargo el ministro Martín Guzmán acá no quiere volver al IFE y es partidario de aumentar las tarifas de la luz al 15 por ciento, no conforme con el 9 ya anunciado.
TRABAJO, QUIERO TRABAJO
Independientemente de las medidas de restricción que se tomen y la forma de controlar su aplicación más o menos estricta en horarios y población autorizada a circular, lo previsible es que la economía siga sufriendo.
Esa previsión tiene en cuenta varios aspectos. Uno, que la crisis es global y el único país que pudo crecer al 3 por ciento el año pasado fue China. En consecuencia, habrá limitaciones en los mercados adonde Argentina puede dirigir su producción exportable. Ni hablar de la crisis que vive Brasil, el socio principal.
Esto no niega que los granos exportables de Argentina tienen mejores precios, como soja y maíz. De todas maneras eso no le trae muchos beneficios al país sino al complejo cerealero y exportador dominado por Cargill, Cofco, Bunge, AGD y otros monopolios (hasta la delincuencial Vicentín mojaba ahí hasta hace poco).
Lejos de beneficiar a la gente, esa elevación de los precios internacionales de los commodities le provoca más estrecheces por los aumentos de precios en los alimentos, en el mercado interno.
La inflación del primer trimestre preanuncia un 45 por ciento para todo el 2021 y eso dejará atrás a los salarios de quienes tienen trabajo.
Las franjas más vulnerables, que perciben el salario mínimo de 21.600 pesos, vieron burladas sus expectativas tras la reunión del Consejo del Salario Mínimo donde se dieron cita el ministro Claudio Moroni, líderes sindicales y empresarios como Miguel Acevedo (UIA y Aceitera General Deheza) y Daniel Funes de Rioja (COPAL de productos alimenticios).
Los gremialistas fueron con un pedido de aumento del 40 por ciento en una vez y acordaron 35 por ciento en siete cuotas, que terminará de percibirse en febrero de 2022. Que firmaran eso los popes de Azopardo 802 era previsible, pero que pusieran la firma quienes dicen ser combativos como Hugo Moyano y la CTA de Hugo Yasky, llamó la atención. Esos sindicalistas han caído muy bajo, justo en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores. ¿Qué les habrían dicho los Mártires de Chicago a estos burócratas del siglo XXI?
Sí se sabe lo que les pidió el presidente Fernández a los empresarios en un Foro sobre temas laborales, en el día de los Trabajadores (muchos confunden con el Día del Trabajo, que no tiene nada que ver pues Acevedo y Funes de Rioja quizás trabajen, pero nunca serán trabajadores).
Alberto imploró a los empresarios que no aumenten los precios de los alimentos. Si no fuera trágico, sería para reír esta repetición enésima de políticos burgueses implorando a los monopolios que no sean tan malos. Esa tontería se conoce como “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.
Si el salario pierde frente a la inflación, y todo indica que así será, más los aumentos de las tarifas, esa injusticia será también un pulgar para abajo para la economía: no tendrá reactivación por la vía del consumo interno. Seguirá pendiente de la exportación de productos primarios, como si la Generación del ‘80 y la semicolonia británica siguieran vigentes. Lo están, con otros nombres, operaciones, nuevos porotos y puertos.
ES LA SOBERANÍA, ESTÚPIDO
En 1995 el neoliberal Carlos Menem entregó por diez años el control de puertos a un consorcio multinacional, Jan de Nul, belga, asociado al Grupo Emepa, de Gabriel Romero.
Esos puertos sobre los ríos Paraná-Paraguay ya eran claves, porque por allí se exporta el 80 por ciento de la producción. Y eso fue acompañado por el conjunto de privatizaciones: ferrocarriles, petróleo, gas, bancos, etc.
Esa entrega a los belgas y Romero, que pagan un canon al Estado y cobran peaje a los navíos, fue prorrogada. Debió terminar en 2005, pero se extendió hasta el 30 de abril de 2021. Según declaraciones en la causa Fotocopias, esas prórrogas se consiguieron con una coima de 600.000 dólares.
En 1995 el actual presidente era titular de la Superintendencia de Seguros con Domingo Cavallo, y el canciller Felipe Solá era el secretario de Agricultura que autorizaría el glifosato para la “revolución sojera” de Monsanto.
A lo largo de esas vías navegables, los monopolios fueron forjando sus puertos privados, con integración vertical de sus negocios. Un caso típico es Aceitera General Deheza, al que Menem-Cavallo regalaron el ferrocarril Mitre, hoy Nuevo Central Argentino, que desemboca en su puerto propio de Rosario. Allí embarca su producción exportable de la que se limita a informar, con números poco confiables y pagando impuestos sobre esas ventas subfacturadas. El destino de sus dólares después lo deciden en el directorio, entre Acevedo y la familia Urquía, demorando su liquidación según cotización de la divisa. Los controladores belgas-Emepa, bien gracias, con cobrar peaje a los navíos, todo bien. El Estado bobo, ausente total.
El año pasado, al día siguiente de la muerte de Maradona, se conoció un decreto del PEN, 949/2020. Planteaba que tras la finalización del contrato, el 30 de abril del 2021, se llamaría a nueva licitación nacional e internacional para volver a concesionar ese servicio a los privados. Esa es la idea fernandista, en particular del grupo massista entronizado en Transporte, con Mario Meoni.
Hubo reacción sindical y política de un arco nacional, popular y de izquierda, que abrió un debate y cuestionó el proyecto privatizador. ATE Vías Navegables, CTA Autónoma, el senador Jorge Taiana y parte del kirchnerismo, el flamante Frente por la Soberanía, intelectuales como Mempo Giardinelli y muchos más demandan que no se vuelva a privatizar la llamada Hidrovía. Que el Estado tome intervención directa y recupere un segmento económico clave.
El sector privatista es mayoría en el gobierno. Tras el fallecimiento de Meoni, su reemplazante provisorio, Gabriel Katopodis, prorrogó por 90 días el contrato. Su idea es privatizadora ya que entre los considerandos de esa prórroga, aludió “la insuficiencia de los recursos del Estado Nacional para asumir la ejecución por sí de los trabajos de dragado, balizamiento y operación requeridos”.
Ahí, en esta cuestión crucial, se juegan las divisas del país, la transparencia de su comercio exterior, muchos puestos de trabajo y el rol del Estado. En definitiva la soberanía nacional. En esos ríos se libró en noviembre de 1845 la batalla de la Vuelta de Obligado contra la flota anglo-francesa. ¿Ahora habrá nacionalización-soberanía o privatización-capitulación?
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