El gobierno marcha a una claudicación ante el FMI.
SERGIO ORTIZ
29 de noviembre de 2021
OTRA CARTA
En sus tiempos de presidenta, Cristina Fernández de Kirchner hacía muchas cadenas nacionales. Como vicepresidenta habla poco y nada. Después de perder las PASO, largó una carta picante donde en el fondo, soberbia, les decía a Alberto Fernández y Sergio Massa, “yo se los avisé”. El ajuste que venía haciendo Martín Guzmán, con la venia expresa del presidente y el silencio cómplice suyo, había sido la causa principal de ese traspié.
Y el sábado 27, trece días después de la derrota del Frente de Todos en las legislativas, escribió otra carta, centrada en la negociación con el FMI por la deuda externa contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
Supuestamente el motivo de la misiva era desmentir al columnista de Clarín, Marcelo Bonelli, quien había asegurado que la lapicera del gobierno la tenía Cristina. Ella subrayó que la lapicera la tiene el presidente AF, algo que el círculo presidencial valoró como algo de “subordinación y valor”. En realidad no es ni una cosa ni la otra. No es subordinación porque la vicepresidenta no resignará su importante cuota de poder en el gobierno asumido en 2019. Y no es valor porque la admisión de quién lleva la delantera en un país presidencialista es al sólo efecto de que, si algo sale mal con el Fondo, no le vengan a reclamar a ella sino a él.
La carta, además de reconocer la derrota del 14N, tiene aristas para el análisis. Algunas eran sabidas, pero no está de más recordarlas, como que el peronismo siempre pagó las deudas contraídas por otros gobiernos. Esto no significa que durante sus administraciones no hayan aumentado esas facturas. En 2019 Macri dejó la deuda externa en 323.000 millones de dólares; los Fernández la aumentaron a 348.000 millones, 25.000 millones más.
Cristina criticó el endeudamiento del macrismo, pero no cuestionó al FMI, que concedió los 57.000 millones (44.500 millones desembolsados) destinados a financiar la campaña reeleccionista y la fuga de capitales. La Carta no calificó de fraudulenta aquella operación y la blanqueó, pese a sus tremendos pecados originales de concepción y trámite, y su fuga final. Ella es favorable a un acuerdo con el Fondo, para pagar esa deuda odiosa y fraudulenta.
Se dirá en su defensa que advirtió contra un mal acuerdo, que podría ser “un cepo para el desarrollo y crecimiento con inclusión social”; incluso citó un párrafo de un discurso del presidente el 9 de Julio, con sarasa patriótica. Pero esos giros discursivos de ella y él son “para la tribuna”. Este gobierno viene pagando intereses y las primeras cuotas de capital del préstamo. Y se apresta a firmar un acuerdo lesivo para el país, lubricado con que se diferirían los pagos grandes hasta 2024. Antes y después habrá grandísimos sacrificios para 45 millones de argentinos.
AL FONDO, A LA DERECHA
La vice no quiere que el FDT quede solo con esa responsabilidad de pagar una deuda tan cuestionada. De allí que en su Carta recordó la ley “Sobre la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, aprobada en febrero de 2021 en Diputados por 233 votos a favor, 2 en contra (FITU) y 2 abstenciones, que comprometió al oficialismo y a la oposición de Cambiemos a tratar en el Congreso lo relativo a la deuda externa.
Ella quiere que Juntos por el Cambio se suba a ese tren de pagos. Sería lógico porque el mayor endeudamiento fue en 2018, con Macri-Christine Lagarde, pero Cristina luce un poco ingenua. ¿Olvida que esos tiburones de la derecha olieron sangre en las elecciones de 2021 y quieren atacar, morder y matar en 2023?
Según el mensaje del presidente en la noche del domingo 14, en la primera semana de diciembre enviará al Congreso una ley plurianual conteniendo las metas económicas, que a su vez tendrían en cuenta lo que se negocia con Kristalina Georgieva.
Esos números están bajo siete llaves y tampoco se conocen los preacuerdos con el Fondo. Lo definitivo recién se sabrá cuando firmen Guzmán y Georgieva, si es que ambos siguen en sus respectivas poltronas en diciembre o marzo.
Lo que sí está a la vista es la voluntad política del gobierno de pagar ese crédito fraudulento. Ya vino abonando intereses del mismo y en septiembre pagó una cuota de 1.900 millones de dólares por el principal. En diciembre vence otra cuota por igual monto, que también será abonado, como la otra, con los 4.335 millones de Derechos Especiales de Giro que el Fondo distribuyó a los 183 países miembros. Ese dinero era para afrontar gastos de la pandemia, pero acá fue para pagar deuda externa. Ahora, tratando de presentar el futuro acuerdo como menos malo, el gobierno dejó trascender que la entidad repondrá esos 4.335 millones.
Esa promesa tiene dos inconvenientes. No es una decisión ya tomada por Georgieva y puede demorarse. Y aún cuando se concrete, puede que nuestro país, al igual que el resto del mundo, tenga que volver a gastar e invertir mucho más en salud, pues apareció una nueva variante del virus, Omicrón. Es una hipótesis muy inquietante: ¿cómo hará el gobierno para volver a gastar y emitir si hay tercera ola y al mismo tiempo afrontar los pagos que demande el FMI?
La respuesta del gobierno a esos grandes interrogantes es juntar dólares a como dé lugar. No le importa que se exporten más productos del agro, reforzando el perfil semicolonial agroexportador. Quiere que entren más dólares. No le interesa tampoco que esas mayores exportaciones favorezcan a la Patria Sojera, Maicera y Aceitera de Aceitera General Deheza, Molinos, Cargill, Los Grobo, Bunge, frigoríficos ABC, etc.
A tal punto no le interesa al gobierno ese fortalecimiento de los monopolios del rubro alimentos y el complejo Agroindustrial, que mandó al Congreso un proyecto de ley para darles más alivio impositivo y ventajas de todo tipo, sin aumentarles las retenciones a exportaciones por muchos años. Fue redactada por esos grupos monopólicos y Fernández le puso la firma.
Allí se ve que el acuerdo con el Fondo tiene tres consecuencias negativas, que se retroalimentan: honra una deuda ilegítima para lo cual busca juntar la mayor cantidad de dólares posibles, y fortalece más la caja y el poder de lobby político de monopolios y oligopolios.
EL MAYOR AJUSTE
La tercera consecuencia criminal de lo proyectado por el gobierno de los Fernández es que implicará más sacrificios para sectores populares.
La Canasta Básica Total que marca la línea de pobreza, para una familia tipo, está en 72.365 pesos, y la Alimentaria, o límite de indigencia, es de 30.925 pesos. Y según la estadística del INDEC, el 40,6 por ciento de la población está en la pobreza, lo que es un poco mayor. La jubilación mínima, que percibe la mayoría de los 6.2 millones de jubilados, en diciembre subirá a 29.061 pesos.
El gobierno y sus apologistas enfatizan que la jubilación y los salarios “le ganaron a la inflación”. Cierto y falso. Cierto porque, con retraso de al menos un trimestre, las actualizaciones le empardaron o ganaron por un punto a la inflación. Falso porque aún así lo que ingresa en esos bolsillos sigue muy lejos de las Canastas recién referidas. Y falso también porque una cosa es igualar la inflación del 2021 y otra cosa es recuperar los 16-20 puntos perdidos en los cuatro años de Macri y en 2020. Se dirá, con una buena dosis de razón, que ese afano fue macrista; sí, pero han transcurrido dos años del nuevo gobierno, tiempo suficiente para reparar esa tremenda injusticia. Y no se hizo. Tampoco hay vista de que lo haga en lo inmediato ni en 2022; tampoco en el 2023 si se confirma el pacto fondomonetarista.
Para 2022 el gobierno estima un crecimiento del PBI del 4 por ciento, un bajón respecto a la propaganda de que este año subirá el 10. Todo es relativo y debe saberse con qué se compara. Crecer 10 por ciento comparado con el bajón de 2020 puede ser menos que el 4 estimado para 2022 (el FMI predice 2,2).
En muchos rubros la economía no superó el bajo punto de partida de 2019, responsabilidad de Macri-Dujovne. La recuperación del empleo registrado y el empleo industrial en 2021 sigue sin reponer los puestos de trabajo perdidos en 2020 por la pandemia y la herencia macrista. Economistas férreamente alineados con el gobierno, como Alfredo Zaiat, admiten en Página/12, que con todos los datos positivos que informa el gobierno, la economía está por debajo de 2015, cuando CFK cesó su gobierno. Dicho en criollo, hoy estamos peor que seis años atrás, cuatro de los cuales son responsabilidad del PRO-Cambiemos, y dos del FDT.
Las perspectivas son amargas. El gasto público viene recortado, más allá de algunos permitidos por el “plan platita”. El déficit fiscal previsto, del 4,5 para todo 2021, terminará siendo de un punto menos. Unos le dicen ahorro, pero su verdadero nombre es ajuste. Y el padre de tan horrible criatura es el FMI, que presiona para seguir bajando el gasto público. El comprensivo Guzmán lo quiere bajar al 2,5 o 3, para 2022. Ergo, habrá más ajuste que en 2021 en los salarios del sector público, jubilaciones y subsidios.
Para bajar ese gasto público el Fondo viene presionando, con acuerdo de Guzmán, en reducir los subsidios del Estado a la energía. Este año habrá más aumentos de tarifas de luz, con la consiguiente inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario. Todo eso en un marco de 40,6 por ciento de pobreza (10.9 de indigencia), que puede agravarse si el ajuste toma aquellas formas, aún en el caso que el Fondo no metiera la cuchara (o cuchillo de carnicero) con sus condicionalidades de reforma laboral y previsional.
Sí lo hizo en reforma fiscal, al exigir baja del gasto público y menos impuestos a los exportadores no sólo de la soja y aceites sino también de petróleo, gas y automotores, con Toyota en la “pole position”.
El Fondo es coherente: exige que se favorezca más a esos intereses, que exportan y juntan dólares, para que el Estado tenga con qué pagar el capital e intereses de la deuda externa. Y el ajuste a salarios, jubilaciones y aumentos de tarifas, con menos subsidios, son para que el Estado gaste menos en esas mayorías y disponga de más recursos para pagar la deuda. “Todo tiene que ver con todo”, dijo Anaxágoras (según Aristóteles), o lo dijo el mediocre locutor Pancho Ibáñez (según la tele porteña).
El gran problema de esta Argentina capitalista dependiente son los monopolios que se llevan la mayor parte de ese todo, en dólares, y dejan unas migajas, en pesos, quejándose de que eso es muchísimo.
Entre tanto el frente de tormenta social es tremendo, como un deja vu de 2001 del que en pocos días se cumplirán 20 años. Alverso se parece bastante a De la Rúa, quien huyó en helicóptero. Los dos profesores de Derecho olvidaron no sólo las lecciones sanmartinianas, sino también las elementales de la política y la vida: la gente tiene que tener desayuno, almuerzo y cena. Y algún cafecito, té o mate con un bizcocho a la tarde. Eso es lo lógico aunque el FMI lo impida. Veremos quién termina ganando esta batalla política histórica y concreta.