Para terminar con la pesadilla también hay que cambiar la justicia

LA SEMANA POLÍTICA

CAMBIOS PROFUNDOS EN POLÍTICA, ECONOMÍA Y CULTURA

Sergio Ortiz. 25 de Octubre de 2026

LA INJUSTICIA Y EL PODER

Siempre se supo de la relación, a veces promiscua y otras a la vista, entre la justicia y el poder político en Argentina, desde tiempos semicoloniales cuando el Martín Fierro decía “hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse”. Y ahora que el país volvió a tiempos coloniales, bajo dominio yanqui-sionista con el gobierno de Javier Milei, aquellas verdades tienen categoría de certeza.

Hace unas semanas la Corte Suprema de Injusticia cometió el delito político de validar un artículo del maldito DNU 70/2023 mediante el cual Milei quitó el límite del 15 por ciento de la superficie rural del país que una ley de 2011 ponía a los capitales extranjeros. Hizo esa barbaridad a pesar de que una poderosa movilización nacional en defensa de la tierra y la soberanía había forzado al parlamento muchas veces cómplice a modificar esa parte de la llamada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” (cómo les gusta proteger la propiedad privada, de latifundistas y monopolios, y arruinar, extranjerizar y privatizar la propiedad pública). El desprestigio de aquellos tres cortesanos llegó a la cúspide, superando el pico que habían logrado con su tristemente famoso fallo del “2x1” que favorecía la libertad de condenados por su terrorismo de Estado con la pasada dictadura milita-cívica.

Ahora las nuevas pruebas de complicidad de los tribunales con el poder no vinieron de Talcahuano, donde habita la Corte, sino de Comodoro Py, donde moran tribunales federales. Fue en el tema de la deuda externa, en particular con el crédito concedido en 2018 por el FMI de Christine Lagarde para el gobierno de Mauricio Macri. Fue el préstamo más grande concedido por la entidad, por 57.100 millones y según el ex titular del BID, Mauricio Claver-Carone, ese préstamo fue a pedido de Donald Trump para facilitar la reelección de Macri.

De aquel monto, los giros del FMI llegaron a 45.000 millones y se cortaron ahí porque el candidato del PRO perdió los comicios de 2019. Esos dólares no fueron a reactivar la economía, obras ni a mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Sirvieron para que millonarios y grandes empresas compraran Lebacs, tuvieran ganancias rápidas, las convirtieran en dólares y los fugaran a sus cuevas financieras del exterior.

Numerosas denuncias acusaron a Macri y sus funcionarios Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y otros responsables de cargos graves como administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. Es que ese crédito violó todos los procedimientos, sin pasar por el Congreso como ordena la Constitución Nacional, artículo 75, inc 4. La acusación del fiscal Franco Picardi se basó también en informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La AGN había criticado que la deuda con el FMI se contrajera sin que existiera un expediente previo que avalara la operación, sino que fue posterior.

Era claro el delito por el fondo y las formas de ese nuevo endeudamiento. Sin embargo, pese a la investigación del fiscal Picardi desde 2019 en adelante, la justicia cómplice decidió el cierre de la causa y la felicidad de los endeudadores y corruptos. Lo hicieron posible la jueza María Eugenia Capuchetti, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. A pesar de que el fiscal de Cámara Agüero Iturbe respaldó a Picardi y pidió anular la resolución Bertuzzi y Llorens, apareció el fiscal macrista Raúl Pleé que falló para cerrar la causa. Y eso fue ratificado el 19 de octubre pasado por la Cámara de Casación de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Todos ellos mintieron que “no existían pruebas de un delito penal y que se trataba de una decisión de política económica ajena al control judicial”.

Lagarde y Macri, super crédito a pedido de Donald Trump para la reelección.

CERRARON LA CAUSA LIBRA

La naturaleza putrefacta de la justicia se verificó otra vez con el cierre de la causa de la estafa Libra, que tenía en la mira a Milei, su hermana Karina y otros empresarios de acá y del extranjero. Varios de ellos habían participado de eventos en Buenos Aires con los hermanos Milei como anfitriones y promotores. Y en febrero de 2025 apareció el presidente “argentino” en la red X promocionando una moneda de ese tipo o bitcoin diciendo que el emprendimiento favorecería las inversiones en Argentina, un verso tan mentiroso como habitual en su discurso político. El precio de Libra saltó de centavos a varios dólares y poco después, cuando inversores de acá y el mundo hubieran invertido varios millones de verdes, hubo quienes retiraron lo invertido y el precio cayó a cero. Se estima que hubo damnificados por 280 millones de dólares.

Apenas saltó la estafa Milei borró sus alabanzas a Libra y dijo que no estaba al tanto de la iniciativa, buscando despegarse. Y que lo había propagandizado desde una cuenta personal, no oficial. El norteamericano Hayden Mark Davis (creador del token) dijo que tenía 100 millones de dólares para devolver a argentinos, pero nunca lo concretó. Acá se presentaron varios damnificados, pero el fiscal Eduardo Taiano los apartó de la causa y la durmió durante meses, como para quitarle importancia política. Fue un favor al presidente que de todos modos quedó muy vulnerable porque siguieron otros escándalos de corrupción: Espert, Karina, Adorni, etc. Finalmente esta semana el fiscal Taiano, que antes había apartado a los denunciantes de la estafa, cerró la causa diciendo que no existió una estafa y que los hechos “no encuadran en una figura legal” delictual.

La afiliación macrista y mileísta de los jueces, fiscales, camaristas y supremos aludidos en estas causas era obvia y en varios casos había quedado plasmada en su intimidad con el poder, jugando al tenis o al fútbol con Macri, viajando con Clarín a Lago Escondido, logrando ascensos propios y de familiares luego de votar fallos escandalosos. Esto no significa que todos los jueces y los tribunales sean una porquería. Tampoco se trata de que en esa canasta sólo hay una manzana podrida. Hay una sana, en medio de una mayoría podrida o madurando su pudrición.

Esa afiliación o filiación política se nota mucho. Justo en los mismos días comenzó un juicio contra Cristina de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez, en la causa Hotesur y Los Sauces. Sin poner las manos al fuego por ninguno, lo cierto es que en estas causas la ex presidente había sido sobreseída tres veces. Los alquileres a Báez de esos bienes familiares habían sido a precios corrientes y sus importes bancarizados. El dinero no estaba en ningún pozo patagónico como buscó el fiscal Guillermo Marijuan. Tampoco Cristina tenía cuentas en infiernos fiscales como Macri y otros capos políticos y empresarios. Pero el Tribunal Oral Federal 5, con José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, puso otra vez en el banquillo a Cristina...

UN CAMBIO RADICAL

Milei con el FMI, también nos super endeudó, paga con dólares y recursos naturales del RIGI.

A propósito, las actuaciones de Capuchetti, Pleé, los miembros de Casación arriba mencionados, Taiano, el trío cortesano, estos otros del juicio a CFK, etc, han motivado justas críticas de mucha gente. Incluso de dirigentes y legisladores kirchneristas, lo que nos lleva a preguntar y cuestionar: ¿entonces cómo pudo ser que su bancada en el Senado votó recientemente a favor de los pliegos de 66 sobre 67 jueces y autoridades judiciales propuestos por Milei? ¿Síndrome de Estocolmo? ¿O, una versión posibilista del Martín Fierro, de “hacete amigo del juez”?

Lo que sucede con la justicia lleva al pesimismo respecto a buenas iniciativas surgidas de varias bancadas y de organizaciones sociales y políticas: se han hecho denuncias contra el presidente pidiendo su juicio político. Había 7 pedidos formales de un juicio de esa índole, con buena argumentación, ante la Comisión de Diputados. Y esta semana la CTAA, CTAT, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Marino, Claudio Lozano y otros dirigentes anunciaron que presentarán otros dos pedidos de juicio político. Les deseamos éxito pero nos permitimos dudar del mismo. Y no sólo porque quien preside la Comisión respectiva en Diputados es la fascista Lilia Lemoine sino también porque llegado el caso, en ese juicio se necesita el voto a favor de dos tercios de los diputados y de dos tercios de los senadores. Y cuando el juzgado es el presidente de la Nación, el presidente del Tribunal debe ser el presidente de la Corte Suprema de Injusticia (art. 59 de la Constitución Nacional).

Nos queda claro que esa vía legalista no conduce a la destitución de Milei. Habrá que repensar cómo fue que nos desembarazamos de un tal Fernando de la Rúa. Eso sí, en tal caso, los cambios deben ser totales en política y economía, pero también en la Justicia. Y para que no pongan palos en la rueda desde Talcahuano y Comodoro Py, ese vuelco va a necesitar un gobierno popular y una Asamblea Nacional Constituyente porque a este país lo han puesto patas para arriba y hay que poner los pies sobre la tierra. Una tierra nuestra y liberada.