Grandes discusiones internas en el gobierno.
SERGIO ORTIZ
12 de abril de 2022
MUCHOS ARGENTINOS SIN LAS 4 COMIDAS DIARIAS
El país vive una aguda crisis política cuyo motor principal son los padecimientos económicos y sociales de la población: 37,3 por ciento vive en condiciones de pobreza. El gobierno, empero, festeja haber disminuido 3 puntos ese porcentual, como si fuera una hazaña.
En ese universo las cuatro comidas diarias son un vago recuerdo, pues 17,4 millones de personas están en la pobreza o la indigencia. Esos dramas sociales le ponen alta presión a la crisis, por la insatisfacción popular. Eso deriva en las críticas al poder político y demandas de un cambio de rumbo total. Y se expresa en la conflictividad social con decenas de miles de personas que ganan las calles diciendo que así no pueden vivir.
El 1 de abril, pese a toda la demonización mediática y las amenazas de represión de la Policía de la Ciudad, del macrista Horacio Rodríguez Larreta, y de la Policía Federal del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del gobierno nacional, 60.000 personas acamparon durante 48 horas frente al ministerio de Desarrollo Social. Sus demandas son archiconocidas por el ministro Juan Zabaleta porque era la cuarta vez que iban a reclamarle aumentos en el número de Planes Potenciar Trabajo y en los montos, que en marzo eran 16.500 pesos, la mitad de un salario mínimo bien mínimo.
Mañana el INDEC difundirá la inflación de marzo, que andará en 6.3 por ciento, la más alta de los últimos tiempos. El índice de los alimentos, clave para las familias más pobres, es bastante mayor, del 10 por ciento.
De ese modo la inflación del primer trimestre del año será superior al 16 por ciento, con lo que las proyecciones para todo 2022 superan el 60 por ciento, otro récord que nadie quiere ostentar. Martín Guzmán en su frustrado proyecto de Presupuesto nacional se quedó otra vez muy corto, porque supuso el 48 por ciento. Volvió a incurrir en un papelón parecido a su Presupuesto 2021, destruido por la realidad del 50,9 por ciento. El ministro más cuestionado del gabinete es Guzmán y no sólo por las críticas cristinistas, que piden su salida, sino por una sociedad muy disconforme con ese y otros desmanejos de la economía.
En mi familia médica en Bell Ville, muchas veces escuché que “si no das con la enfermedad de un paciente, no podés acertar con el remedio que le mandás a comprar a la farmacia”. De Perogrullo y es válido en la política.
No sólo el ministro de Economía sino el gobierno nacional no tiene un diagnóstico acertado de la enfermedad inflacionaria y por eso no da pie con bola. Ahora usan el versito de que es un “problema multicausal”. Y sí, siempre hay muchos factores que inciden en los problemas complejos, pero la clave es detectar cuál es el principal. Y ahí fallan Guzmán, Matías Kulfas, Miguel Pesce, Cecilia Todesca y el resto de los funcionarios.
La clave es el manejo monopólico de precios que ejercen casi a voluntad los pesos pesado de cada sector, sobre todo del rubro alimentos y agroexportadoras, combustibles, energía, siderurgia, etc. ¿Estos funcionarios habrán oído hablar de Molinos, Techint, Cargill, La Serenísima, Arcor, Aceitera General Deheza, Pampa Energía, Ledesma?
UNA INTERNA FEROZ
Sí, seguro que saben de la existencia de esos monopolios porque el presidente Alberto Fernández los invitó a Olivos a festejar el 9 de julio, día de la Independencia, ya en 2020. Y desde entonces ha tenido un diálogo amistoso con ellos, de a grupos o en el seno del Consejo Económico y Social, donde el invitado casi siempre es el titular de la UIA y de COPAL (Alimentos), Daniel Funes de Rioja. Lleva ahí la voz de mando y se entiende bien con Guzmán y con los burócratas de la CGT, que hacen número y no deciden nada.
En cambio tiene sus chisporroteos con Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, que les pide paren un poco la mano con los aumentos de precios y amaga con aplicarles sanciones de la ley de Abastecimiento. Por ahora solo dictó multas de 150 millones de pesos a Molinos Cañuelas y otros dos grupos, pero por maniobras cometidas en 2017. Una vez más la contradicción. Si sos pobre y tirás una piedra contra el FMI, vas preso inmediatamente. Si sos rico y especulás con los precios, tenés cinco años para pagar una multa que se achicó con la inflación.
Las políticas de ajuste aplicadas por Mauricio Macri desde 2015 hasta 2019 y por el gobierno actual, sobre todo a partir de los acuerdos de 2021 con los acreedores privados, han echado más nafta al fuego. Este panorama se agravó con el acuerdo vergonzoso con el FMI, que para refinanciar 45.000 millones de dólares del crédito fraudulento concedido a Macri en 2018, impuso más deuda y duras condiciones de ajuste y dependencia.
La actual es una crisis política, o sea no una mera crisis de gabinete sino algo mucho más grave, que puede encaminarse hacia un estallido social y una crisis revolucionaria como la de diciembre de 2001
Estas son las causas de fondo de la crisis política, en aumento.
Un elemento secundario frente a aquellas causas recién enunciadas, pero que realimenta la crisis, es la pelea despiadada al interior del gobierno. De las tres patas políticas que fundaron el FDT, dos están peleadas casi a muerte: Alberto Fernández y Cristina Fernández. La tercera, Sergio Massa, oportunista como siempre y servil a la embajada yanqui, oscila entre una y otra, viendo qué le conviene para avanzar hacia la presidencia en 2023.
La diferencia más grande fue en torno al acuerdo con el FMI. El albertismo y massismo se pusieron de rodillas ante Kristalina Georgieva y las revisiones trimestrales que se adelantaron para mayo.
El cristinismo se opuso, aunque la vicepresidenta no abrió la boca ni cuando el proyecto terminó aprobándose en el Senado. Pero sus senadores Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y varios más votaron en contra. Lo mismo habían hecho 28 diputados, entre ellos Máximo Kirchner y La Cámpora.
De allí se derivó otra pelea interna. El cristinismo elaboró en el Senado un proyecto de crear un Fondo para gravar capitales fugados al exterior sin declarar, y de ese modo recaudar dólares para pagar al FMI. Aunque la vocera presidencial Gabriela Cerutti pareció darle luz verde, en cuanto ese proyecto quiera ponerse en marcha provocará reacciones adversas de los capitalistas fugadores. Y lo más probable es que el presidente recule como en Vicentín.
Ligados a aquella diferencia mayor, se desprenden otras, como aceptar o no los aumentos de tarifas en electricidad y gas que van a castigar al grueso de los hogares. Los K pretenden que no superen el 20 por ciento en el año, pero el Fondo y el albertismo presionan por aumentos del 80 por ciento, con lo cual echarían más combustible a la pobreza.
El sector albertista, con centro en el equipo económico de Guzmán y Kulfas, no quiere imponer más retenciones a los agroexportadores. Impulsan proyectos para que estos exporten más y supuestamente dejen más dólares para pagar la deuda externa, en rubros como petróleo, gas, agrobusiness y automotrices.
Por eso mismo buscan en el Consejo Económico y Social un acuerdo con la UIA y la COPAL. No quieren aumentar impuestos ni retenciones a esos monopolios; tampoco enfrentarlos y controlarles precios pese a que la inflación superará el 60 por ciento.
¿CRISTINA 2023?
Los nucleados por Cristina, en cambio, si bien no proponen medidas nacionalizadoras del comercio exterior y menos de la banca, al menos vía Comercio Interior quieren controles de precios y multas. Y también aumentos de retenciones a los grandes exportadores, para aumentar los dólares en poder del Estado. Lástima que su proyecto de ley contra los fugadores apunta a usar esos posibles fondos para... pagar al Fondo.
Entre albertistas más massistas versus cristinistas también se debate sobre “la unidad”. Los primeros usan esa linda palabra para reclamar a los K su subordinación al acuerdo con el Fondo y a la lapicera de AF. En la reunión de Rosario, el 9/4, Rossi, Zabaleta, Vilma Ibarra, Ricardo Forster y otros albertistas exigieron a los K que dejen de criticar al presidente. “Unidad” es la voz de orden, dijeron. Los aludidos contestaron que hay que precisar “Unidad para qué y con quién”. La palabra Unidad, como Democracia, es muy linda, pero en su nombre se suelen cometer muchos crímenes políticos.
Las polémicas también se expresan en política internacional. El gobierno votó el 7/4 junto a EEUU y los países de la OTAN contra Rusia en la ONU, por la guerra en Ucrania. La vicepresidenta hizo un estridente silencio, que denotó su diferencia. Ahí anda el proyanqui Gustavo Béliz, favoreciendo a EE UU y perjudicando los acuerdos de Argentina y China, por caso Atucha III.
En esos debates del gobierno, las posiciones más reaccionarias son las del albertismo y massismo. De todos modos, no ponemos las manos en el fuego por Cristina y La Cámpora, porque hasta ahora son parte sustancial del gobierno del ajuste. Ojalá que sus diferencias se profundicen hasta el punto de la ruptura y cuanto antes, mejor. Y no lo deseamos tanto en función de las elecciones de 2023, adonde parecen apuntar, sino, sobre todo, para que las luchas desde abajo se fortalezcan, aprovechando la debilidad del gobierno por esas disputas y peleas entre los de arriba. Hoy lo que menos importa al pueblo son las elecciones ni los posibles candidatos.
Como la vicepresidenta ha comenzado a criticar ciertas políticas de ajuste y diferenciarse de Alverso y el Fondo, queremos ser claros: 1) Más vale tarde que nunca. 2) No somos soldados de Cristina.
Lo que hace falta es una alternativa popular y antiimperialista, que rescate a lo mejor de la izquierda, lo mejor del peronismo y de otras corrientes, así como a la militancia social, esa que en las calles está haciendo una gran experiencia política.