VIENEN SIENDO ARRASADOS POR MILEI, FMI Y CÓMPLICES
24 de marzo del año pasado.
LA SEMANA POLÍTICA
SERGIO ORTIZ. 21 de Marzo de 2024
DERECHOS HUMANOS SON TODOS, TAMBIÉN EL PAN Y TRABAJO
Cuando se habla de derechos humanos no nos referimos solo a los arrasados durante el terrorismo de Estado (1975-1983) y en menor medida violados durante los gobiernos de la democracia burguesa. Está bien comenzar por allí, al hablar de aquellos derechos, porque 700 campos de tortura, desaparición y exterminio de 30.000 personas; violaciones, robos de 450 bebés, fusilamientos y vuelos de la muerte, atentados, largas y duras prisiones políticas para miles de personas, exilio forzoso, intervención de sindicatos y partidos políticos, cierre de facultades, quema de libros, censura, robo de propiedades y empresas, aumento brutal de la deuda externa, coordinación represiva con las dictaduras del Cono Sur, la CIA y el Pentágono, etc, son lo primero cuando se habla de violaciones a los derechos humanos. Y mucho más en fechas tan importantes como el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Aquella historia vuelve al presente con motivo de los 48 años que se cumplen de aquel trágico 24 de marzo de 1976 cuando por las radios pasaban el comunicado número 1 de la Junta Militar integrada por los genocidas Videla, Massera y Agosti. El grueso de los argentinos tiene una posición democrática tomada, sobre todo desde 1983 en adelante. Antes de eso hubo quienes abogaron por el golpe de Estado y lo apoyaron de diverso modo, activamente o bien con el imbécil justificativo de que los desaparecidos “algo habrán hecho”.
De todos modos sería ingenuo, erróneo y anti histórico creer que todos los argentinos tuvieron ya en democracia una postura unificada contraria a aquella dictadura. Mayoritaria sí, pero única no, por la sencilla razón de que los jefes militares y parte de las FFAA, más los socios y cómplices empresarios, políticos, eclesiásticos y otras catervas de civiles, de acá y de USA, fueron parte del terrorismo de Estado. Muchos no se arrepintieron, no hicieron autocrítica ni fueron juzgados. A lo sumo tuvieron gestos seudodemocráticos: se sacaron una foto con la democracia, pero siguieron pensando que el golpe de 1976 estaba justificado. Eso sí, por ahí admiten que se cometieron algunos excesos, pero nada más. Lo hecho, bien hecho está.
Y aún gobiernos que enjuiciaron a las primeras tres Juntas Militares (salvando a la cuarta), como el de Raúl Alfonsín, dejaron libres a parte de los genocidas con las leyes del Punto Final y Obediencia Debida. Otro presidente, el entreguista “prócer” Carlos Menem, indultó a aquellos personajes. Y otro que siguió en esa dirección fue Mauricio Macri, con su justicia e incluso Corte Suprema que avaló el “2x1” para acortar la estadía en cárcel de los asesinos del Proceso, lo que provocó una avalancha popular de repudio y aquel premio quedó postergado.
La pelea entre los DDHH y los defensores de los genocidas sigue con un resultado amplio a favor de la democracia. Hay muchos condenados por delitos de lesa humanidad, desde que esos juicios pudieron llevarse a cabo, movilización de los organismos como la base y decisión política del gobierno de Néstor Kirchner como el complemento indispensable. La victoria democrática se patentiza en que hay 1.173 condenados por crímenes de lesa humanidad en 316 sentencias dictadas desde 2006. El límite de ese avance es que el 77 por ciento de los condenados no está en la cárcel, común y efectiva, sino en arresto domiciliario. Ambos datos son de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, de diciembre de 2023.
LA LUCHA CONTINÚA
La pulseada entre democracia y los defensores de la dictadura militar-cívica no ha terminado. Por eso este 24 de marzo se vuelven a escuchar – y para peor, desde el gobierno nacional- las voces que niegan que hayan sido 30.000 los desaparecidos. Peor aún, sostienen que no hubo terrorismo de Estado sino una “agresión del terrorismo” comunista y una legítima respuesta del Estado, o a lo sumo, según esa óptica negacionista, “una guerra” iniciada por la guerrilla que vendría a ser el peor “demonio” para los que defienden la teoría de “los dos demonios”.
Esa confrontación política se está haciendo más fuerte desde el 10 de diciembre pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, una activista con muchos años de apoyo a los criminales como Jorge Rafael Videla y los represores como fueron su padre y su tío, ambos militares y el último procesado en los juicios por los crímenes cometidos en el centro de exterminio El Vesubio.
Ya en la campaña hubo trascendidos de que los militares condenados y sus familias, que apoyaban a ultranza la fórmula Milei-Villarruel, reclamaban una amnistía o indulto que aliviara sus pesares y también los habilitara a seguir percibiendo los jubilaciones o pensiones caídas por las condenas. Sobre todo, aquella estaba pensada como una “solución política” para volver al ruedo con más ímpetu y supuestos argumentos jurídicos de que habían sufrido condenas injustas y que la presunta verdad histórica estaba de su lado. Hasta ahora esa amnistía o indulto no existió, pero han recrudecido rumores en vísperas del 24 de marzo. La primera, que debería aprobarse en el Congreso, es imposible en estos tiempos pues LLA es una extrema minoría en ambas cámaras, como lo reveló la derrota de la “Ley Ómnibus” en Diputados y el DNU 70/2023 en el Senado. Lo segundo, el indulto, es posible porque depende de la pluma enloquecida y fascista de Milei, con expertise en provocaciones.
De todos modos es poco probable, salvo que quiera que en vez de movilizarse un millón de argentinos el domingo 24 sean 4 o 5 millones los que ganen las calles en repudio a ese indulto tan cuestionable como que estaría premiando a responsables de delitos imprescriptibles, de lesa humanidad y genocidio, lo que está prohibido por la ley 27.156 del 31 de julio de 2015.
Si no se atreven a firmar el indulto a los genocidas, eso no significa que aflojen en su campaña negacionista iniciada con el acto que hizo Villarruel en la Legislatura de CABA antes de asumir. Siguió con varias designaciones (caso del jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, hijo de un general que fue jefe del Regimiento VII de La Plata en la dictadura), las reformas vía decreto o leyes para que los militares puedan participar de tareas de Seguridad Interior prohibidas hasta este momento, los acuerdos de la Dirección General de Puertos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU para controlar los ríos Paraná y Paraguay, etc.
CARAS de dirigentes de DDHH y CARETAS de burócratas de la CGT.
"PLAN MOTOSIERRA” Y LICUACIÓN DE INGRESOS
El gobierno facho seudo libertario de Milei-Villarruel ha cumplido 100 días y su futuro no tiene certezas, fruto de la crisis argentina potenciada por la acción depredadora de esa dupla. En principio se puede decir que sus acciones están a la baja, aunque no tanto como uno quisiera y podría estimar ante la gravedad del “plan motosierra” y licuación de activos. Algunas encuestas dicen, favoreciéndolo, que su imagen positiva todavía es del 50 por ciento, frente a la otra mitad que lo critica y/o detesta. Aunque es discutible que todavía tenga esa buena imagen, es posible porque se mezclan varios factores: el recuerdo del mal gobierno peronista que lo precedió, la ignorancia política de muchos de sus votantes, la influencia de algunas corporaciones mediáticas y de los monopolios tipo AEA, UIA y AmCham que acuerdan con el plan de ajuste con el FMI y otros factores. Último, pero no menos importante, la acción dubitativa por momentos y colaborativa en muchos otros, de gobernadores y legisladores que están de acuerdo en seguir buscando el “Pacto de Mayo” con quien se ha comportado como una caricatura de monarca, léase dictador.
Esa gente, como los saltimbanquis Martín Llaryora y Miguel Pichetto, los aliados de Milei como el PRO y el grueso de los dirigentes de la UCR, etc, siguen negociando con Guillermo Francos para acordar un texto del “nuevo” DNU que permita sellar el mencionado “Pacto”. Y eso genera confusión, expectativas e ilusiones en que al final del túnel se ve una luz de salida y no la de la locomotora de un tren que viene a aplastarnos. El dato alentador, en esa materia, fue la crítica del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a los planes de destrucción del Estado, cuando advirtió que eso no daba lugar al “anarco Estado” sino al “narco Estado”. ¿Se atreverá Kicillof a boicotear el “Pacto de Mayo” y llamar a otros gobernadores a hacer lo mismo? No se sabe. Puede ser. Ojalá.
Hay gente que vive de ilusiones. Pero vivir de verdad cuesta muchísimo en Argentina, donde la Canasta Básica Total o línea de pobreza para una familia tipo era en febrero de 596.000 pesos y el sueldo bruto promedio de los trabajadores registrados, según el RIPTE, de 555.000. Los empleados en blanco tienen un ingreso promedio inferior a la línea de pobreza. Son pobres por más que se perciban de clase media y se crean diferentes de “los negros”. Peor aún, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ha fijado en 690.000 pesos la CBT de marzo, estirando aquella diferencia.
Agravando el drama, muchos hogares se van a quedar sin ingresos por los despidos anunciados en la órbita pública y privada. Los primeros, por el “plan motosierra” de Milei y varios gobernadores, que cesan los contratos de trabajadores que no están en planta permanente o son monotributistas. Los privados también achican empleos, en medio de la tenaza del aumento de la inflación, tarifas, alquileres, etc, y la caída de ventas por la pronunciada recesión. Hay 80.000 trabajadores de la construcción que han perdido sus puestos de trabajo por el parate, sobre todo de la obra pública, también privada, según UOCRA. Otro aspecto doloroso lo advirtió ATE nacional: serían cesados 70.000 contratos de trabajadores de la administración pública nacional, que fueron prorrogados por tres meses y vencen el 31 de marzo. A eso hay que sumarle el cierre del Instituto y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, donde se perderán 900 empleos; lo más grave, 200.000 familias de pequeños productores empobrecidos del interior se quedarán sin los servicios que prestaban ambas instituciones.
Por un lado “la motosierra” amputa cabezas, brazos y piernas, mientras por el otro la licuación de salarios, jubilaciones y depósitos bancarios le quita poder adquisitivo a los alicaídos ingresos y ahorros de la población. Hay protestas, paros y marchas callejeras, por ejemplo el Piquetazo Nacional contra el Hambre, reprimido por la Policía y Prefectura en Puente Pueyrredón. Esa actitud de lucha honra a los piqueteros que no bajan las banderas frente al ajuste. En cambio se vuelve como un bumerán contra la cúpula traidora de la CGT nacional que, muy presionada, llamó al paro general del 24 de enero y después se echó a dormir una siesta bien santiagueña. Habrá que despertarla a los gritos, sin buenos modales, aunque este 24 se hagan los buenitos y se pongan pañuelos blancos.