ARDIÓ JUJUY, TAMBIÉN ARDEN LAS COALICIONES PATRONALES
LA SEMANA POLÍTICA
SERGIO ORTIZ. 25 de junio de 2023
LAS LECCIONES DE JUJUY
Jujuy es una provincia generalmente subestimada mirada desde el observatorio porteño. Queda lejos, en el noroeste del país, con una población que en 2022 era de 797.955 habitantes, ocupando el puesto 10 entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Su superficie tampoco es descollante: el 1,91 por ciento de la superficie argentina.
Por eso a mucha gente, incluso del mundo político, supuestamente mejor informada, sorprendió la masividad y combatividad de la rebelión que comenzó el 5 de junio con el paro por tiempo indeterminado de los docentes que cobran sueldos de indigencia. De pronto el centro de los sucesos políticos y sociales no estaba al pie del Obelisco sino en Jujuy y en la Puna, sus cordilleras y valles.
Esa irrupción social y popular también sorprendió a quienes se precian de ser jujeños con aspiraciones presidenciales, ahora bajando un cargo, como Gerardo Morales. El ex senador nacional por la Unión Cívica Radical y dos veces gobernador por la derecha de Cambiemos-Juntos por el Cambio, fue sorprendido cometiendo delitos en flagrancia. La rebelión lo impactó de frente, poniéndolo en la picota nacional, pese al blindaje mediático de las corporaciones.
Él venía de ganar las elecciones a gobernador el 7 de mayo (Morales puso a su ministro de Economía, Carlos Sadir) y legisladores, con 49,73 por ciento de los votos, por sobre el Frente Justicialista de su amigo y cómplice Rubén Rivarola, que tuvo 22,30 por ciento. El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tuvo una cosecha interesante, del 11,82 por ciento.
Con los acuerdos trenzados con el FJ de Rivarola en la Legislatura, Morales había logrado que se votara no sólo para gobernador y legisladores, sino también para una Asamblea Constituyente. Quería reformar la Constitución a su gusto y la de sus amigos empresarios. Tuvo 29 constituyentes, 13 Rivarola y 6 el FIT. Con esa correlación de fuerzas el gobernador creyó que sacaría adelante todo su proyecto político. La reforma apuntaba a impedir la protesta social, penando los cortes de calles y ocupación de edificios públicos. A la par propiciaba el desalojo de los pueblos originarios de sus tierras ancestrales, para favorecer las inversiones mineras, sobre todo del litio. Y último, pero no menos importante, quería que quien ganara las elecciones provinciales, aunque fuera sólo con el 35 por ciento, se quedara con el 50 más uno de las bancas, para gobernar casi “manu militari”, sin demoras.
Morales y sus aliados pactaron que el debate de la reforma constitucional sería de 90 días, pero apurados por la crisis provincial y nacional, en el marco del ajuste, la pobreza y la inflación derivados del cogobierno del Frente de Todos con el FMI, y ante el aumento de las protestas en Jujuy, lo acortaron a tres semanas. Votaron y juraron la reforma el 20 de junio, pero ya la provincia ardía por todas partes.
ARDIÓ JUJUY
La mentirosa explicación de Morales sobre los sucesos fue que eran obra del kirchnerismo y la izquierda, acusando al presidente Fernández y a la vicepresidenta CFK, de enviar “infiltrados” y piqueteros desde Buenos Aires a promover “la violencia”, calificada de “golpe de Estado”. Reivindicó su reforma porque fue dijo que votada en forma unánime (cierto y falso al mismo tiempo, porque no aclaró que dos de los convencionales del FJ no votaron y los 6 del FIT se retiraron de la convención denunciando las maniobras inMorales). El tipo enfatizó que el artículo 67 prohibiendo cortes de calles y las protestas sociales era la clave de lo que había sido su gestión desde diciembre de 2015 hasta ahora: “paz y orden”. Claro que basados en la represión policial y una justicia funcional al Ejecutivo, con presos políticos como Milagro Sala desde el 16 de enero de 2016 hasta hoy.
Esa prohibición de cortes de calles y tomas de edificios públicos estaba también en un decreto del Ejecutivo, que en medio de la revuelta y el repudio nacional e internacional (CIDH y ACNUR) fue anulado. Igual, es tan central en la propuesta de Morales, que siguió en el artículo 67 de la reforma. Terminar con las protestas sociales y gremiales, que pueden tener consecuencias políticas, es el objetivo del flamante candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio. ¿Acaso esa prohibición de cortes se limita a las luchas actuales? No. Es el punto de partida y también es la política a aplicar por esta derecha en su tercer mandato provincial sucesivo, y si accede al gobierno nacional: reprimir las huelgas, los movimientos piqueteros y los reclamos de pueblos originarios.
Esa derecha jujeña de matriz macrista quiere profundizar el modelo semicolonial extractivista exportador, dilapidando el litio. En Jujuy, en el Salar de Olaroz, ya opera Sales de Jujuy, de la australiana Allkem (con 66,5% de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la de la provincia de Jujuy, Jemse (8,5%). La que manda es Allkem, ligada a JP Morgan y HSBC. En Catamarca domina la estadounidense Livent, ligada a BlackRock y Vanguard. Esa entrega necesita vencer la resistencia popular y desalojar comunidades originarias para que las corporaciones mineras dispongan a voluntad de los minerales. Eso provocará protestas de los desalojados de sus territorios y de los movimientos ambientalistas. Esa explotación dejará desastres ambientales, succionando el valioso mineral y el agua, y quedarán los residuos y contaminación para las mayorías.
Los artículos 36 y 50 de la nueva Constitución trasuntaban la intención de Morales y las mineras de privilegiar los negocios del litio por sobre los derechos de los originarios. Estos tienen la tierra desde tiempos ancestrales pero no los títulos de propiedad. Y podían ser desalojados en tiempo récord por esa justicia que pone en su centro la defensa de la “propiedad privada” si es de los empresarios amigos, no así de las comunidades.
La entrega minera en Jujuy, Catamarca y otras provincias es alevosa. Las corporaciones exportaron hasta junio de 2023 por 11.000 millones de dólares y las cajas provinciales recibieron sólo 141 millones de pesos (El Cohete a la luna, Josefina Bolis May, 14/6). Aquellas sólo pagan el 3 por ciento de las ventas, pero tienen reintegros y lo que exportan es mucho más de lo que declaran. El litio debería ser declarado material estratégico y administrado por una empresa estatal nacional, que coordine con empresas similares de Bolivia y Chile, para poner coto a la rapacidad de las multinacionales y el vuelo del imperio que expresó la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur estadounidense.
LOS VERDUGOS
Morales empañó una fecha patriótica, el 20 de junio, día de la Bandera creada por Manuel Belgrano, haciendo jurar su engendro en una Legislatura vallada por la policía, que pasó a reprimir criminalmente a los manifestantes. Los efectivos detuvieron y golpearon a más de 85 personas, dispararon balas de goma a la cara de los manifestantes, algunos perdieron un ojo (imitando a los Carabineros de Chile de 2019), molieron a golpes a personas, etc. “Tenemos unos 170 heridos por las manifestaciones y enfrentamientos, uno de los cuales es de gravedad”, informó a Télam el director del servicio de emergencias Same, Pablo Jure.
Eso agravó el abultado prontuario de Morales. Fue vice ministro de Fernando de la Rúa, que en 2001 dejó un país fundido y endeudado, y 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre. Fue socio de Mauricio Macri en el ciclo neoliberal 2015-2019, que nos superendeudó con el FMI y mató a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, engrosando la nómina de presos políticos.
Aquel prontuario y su actualización fue apoyado por todo Juntos por el Cambio, que estaba sacándose los ojos por temas electorales, pero se reunió y dio su aval a Morales como a un prócer. Larreta lo confirmó como su candidato a vice: estima que la represión y reforma inconstitucional fue un aporte positivo a su futura campaña, no un demérito.
El Grupo de los 6 (G-6), los monopolistas de UIA, Cámara de Comercio, Sociedad Rural, Cámara de la Construcción, Adeba y Bolsa de Comercio, apoyaron la represión en Jujuy. Su condena a la violencia era sólo contra las marchas y cortes de rutas. No había “dos demonios” sino uno solo: docente-originario. En esa línea estuvieron Clarín, La Nación, América, Desinfobae, etc.
Los empresarios amigos de Morales no sólo apoyaron de palabra y con plata su campaña, sino también con vehículos para la represión policial. Cinco contratistas de la obra pública pusieron sus camionetas para llevar policías a allanar viviendas sin orden judicial y detener gente. En Clarín, 22/6, el periodista Gustavo Berón entrevistaba al gobernador y le preguntó sobre esa denuncia:
“-Las organizaciones de izquierda denunciaron la participación de vehículos sin patentes durante la detención de manifestantes. ¿Esto fue así?
-Pero no hay personas desaparecidas, todas están en el penal, han ido los organismos...
-Pero es una situación grave teniendo en cuenta la historia de la Argentina y lo vivido en la dictadura. Por eso, ¿existió esa circunstancia que denuncian las organizaciones?
-Existió con la participación de policías uniformados y ellos se identificaron en todos los casos”.
Adriana Meyer, en Página/12, mencionó a las empresas involucradas, comenzando por “Toyota Hilux patente AA982GP, registrada a nombre de Marcelo Zarif, titular de la empresa Hormixa, adjudicataria de obras públicas”.
Por eso vino a la memoria lo sucedido en 1976 en Libertador San Martín cuando Ledesma puso las camionetas del Ingenio al servicio de secuestrar y torturar a 400 personas (33 hoy continúan desaparecidas).
LOS HÉROES
La rebelión de Jujuy tuvo una protagonista inicial, la docencia, en su gran mayoría mujeres. Con esfuerzo y vocación dictan clases, muchas veces en lugares alejados e inhóspitos, a una niñez necesitada no sólo de conocimientos. Por esa labor Jujuy tiene un índice de analfabetismo relativamente bajo: 4,7 por ciento, que de todos modos en 2016 eran 17.188 personas. En la capital el índice había bajado al 1,1 por ciento, y formalmente era “libre de analfabetismo”.
Esa es la obra de la docencia, una de las peores pagadas del país. En las marchas las maestras contaban que su básico inicial era de 36.000 pesos y con índices no remunerativos podía llegar a 90.000. El resto de los empleados públicos estaba en situación similar. Por eso la docencia fue al paro el 5 de junio y al momento de la brutal represión, el 20, lo mantenía y continuó por las ofertas insuficientes y en repudio a la acción policial y la reforma inconstitucional.
Morales mintió ante Clarín con que “en la última oferta subimos el piso de $130 mil por la paritaria nacional a $ 179 mil. Hay un 5 % de los docentes con $ 179 mil, pero el 95 % de los docentes con $ 200 mil para arriba. Ahora el piso sería por encima de los $ 200 mil”. Justamente lo que exigen las docentes es un salario de 210.000y lo más probable es que el gobernador tenga que recular, como tuvo que hacer con el decreto represivo que prohibía los cortes y con los dos artículos de su Constitución que afectaban a los originarios (también tuvo que ceder en lo referido a que quien gane la elección se llevaría la mayoría, 25 bancas, sobre el total de 48).
Los docentes, en su mayoría mujeres, han dado una gran enseñanza de lucha a sus alumnos y pueblo de Jujuy, y al país. Si quedan muchos analfabetos políticos, la culpa no es suya sino del sistema capitalista dependiente y semicolonial, los grandes partidos patronales y los medios adictos que desinforman. Y la prueba está en la misma Jujuy, donde Morales ganó en mayo con el 49,73 por ciento de los votos. Es una vieja contradicción entre los reclamos gremiales y la lucha política: aquellas necesitan de un Frente Antiimperialista para dar ese salto y derrotar a un gobernador o un presidente del ajuste, la entrega y el FMI.
Los otros héroes de estas batallas fueron los originarios de Jujuy: Okloyas, Kolla, Atacama y Quechua, Tilián, Toara, Fiscara, Guaraní, Toba, Chicha y otras. Repartidas entre casi 400 comunidades en la provincia, cuando tomaron nota del posible despojo de sus tierras a favor de las mineras se sumaron a la lucha con las maestras. Su modalidad fue el corte de rutas, en total 22, que sufrieron fuerte represión de la policía y luego presiones de la Gendarmería, una fuerza nacional de inseguridad. Esos cortes fueron en la Ruta Nacional N°9, en su intersección con la Ruta N°52 en Purmamarca; la Ruta Nacional N°34 a la altura de las localidades Libertador General San Martín (Ledesma) y San Pedro de Jujuy; y la Ruta N°66 a la altura de la Finca El Pongo.
En esos cortes flameaban sus Whipalas de 7 colores y mostraban carteles de “Agua sí, Litio no”, “No a la reforma constitucional”, mientras en la capital jujeña primaba la consigna de “Arriba el salario, Abajo la Reforma”. Este rol destacado de los originarios debería replantear la estrategia de lucha por la liberación nacional y social, más allá de la coyuntura electoral, importante pero que no va a resolver los dramas del país. No lo harán la oposición de Juntos por el Cambio ni la flamante y decepcionante Unión por la Patria, y menos Milei, acechando en la cueva fascista.
La estrategia de tipo insurreccional para luchar por el poder político tuvo en claro desde el Cordobazo de 1969 la unidad obrero-estudiantil-popular. Luegovino el aporte del movimiento piquetero y parte de la clase media con el Argentinazo de 2001. Las luchas de los mapuches en Chubut y Río Negro sobre todo a partir de 2017, y ahora la de los kollas y otras comunidades en Jujuy, ponen de relieve que los originarios se suman a esa formación básica y de vanguardia. Los sectores sociales y de clase ya están. Son suficientes. Faltan las organizaciones políticas populares, que deberían aprender de la lección de unidad y lucha dictada desde Jujuy, y dar un paso al Frente Antiimperialista. Con la Celeste y Blanca, y las Whipalas, por la Segunda y Definitiva Independencia de una República Popular Plurinacional.
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